Alegato a favor de D’Hondt

Una defensa de nuestra incomprendida pero eficaz fórmula de reparto electoral, injustamente criticada por muchos

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. Fuente: ArtHouse Studio

Con ocasión de las recientes elecciones andaluzas, quiero romper una lanza a favor de la llamada Ley D’Hondt. Es la fórmula matemática que usamos en España y en otros países occidentales para repartir los escaños de nuestros parlamentos. Cada noche electoral escuchamos la misma queja: análisis post-electorales que la critican con dureza y la acusan de beneficiar a los partidos grandes a costa de los pequeños. Pero vaya por delante el dato clave: la Ley D’Hondt es inocente. El verdadero sospechoso de la falta de proporcionalidad de nuestro sistema es otro muy distinto, y en las siguientes líneas explicaré por qué.

Para entender dónde está la verdadera trampa, debemos empezar por separar el proceso electoral en dos fases distintas. Por un lado, nos encontramos con el reparto geográfico, que determina cuántos diputados representan a cada provincia. Por otro lado, está el reparto político, es decir, cómo se distribuyen luego esos escaños entre los diferentes partidos dentro de cada circunscripción. A menudo pasamos por alto que el gran problema de representatividad no está en la segunda fase, sino en la primera. Rompemos el mapa electoral al dividir al electorado en provincias y es precisamente ahí, en la circunscripción, donde nace nuestro mayor obstáculo.

Tomemos el ejemplo de las elecciones al Congreso de los Diputados. Como muchos sabrán, los votantes de fuera de Madrid no elegimos directamente al Presidente del Gobierno, sino a una lista de candidatos a diputados por nuestra provincia que más tarde decidirán por nosotros. En esta primera fase de reparto geográfico, cada provincia elige a un número distinto de representantes en función de su población. Si fuera matemáticamente posible que este número fuera directamente proporcional a los habitantes, no habría mayor problema. Desafortunadamente, los números en el ideal representativo tendrían decimales y es que todavía no hemos descubierto la manera de elegir a media o a un tercio de persona para que nos represente en el Congreso. Así pues, nos vemos obligados a redondear, desvirtuando a la proporcionalidad en el proceso.

Sin embargo, ésta es una cuestión menor. Lo que de verdad distorsiona el mapa electoral es que sólo dos de cada tres de los 350 escaños del Congreso se distribuyen a las provincias de forma estrictamente proporcional. El tercio restante corresponde a los dos diputados mínimos a los que tiene derecho cada provincia por el mero hecho de serlo, sin importar su población, a los que hay que sumar un diputado para Ceuta y otro para Melilla. Esto se traduce en que 102 escaños se asignan de salida antes de empezar a ponderar la población, con consecuencias matemáticas muy claras.

Por un lado, la ciudad de Melilla, con sus 87.000 habitantes, y la provincia de Soria, con 90.000, se ven representadas por uno y dos diputados respectivamente. Mientras tanto, en el otro extremo, la provincia de Madrid cuenta con 37 diputados para una población de más de siete millones de habitantes. Haciendo una simple división, Madrid necesita casi 191.000 habitantes para obtener un solo escaño, mientras que Soria obtiene uno por cada 45.000. Cuanto mayor es la provincia, más habitantes requiere para obtener un diputado. No es que haya ninguna norma que pretenda perjudicar a las grandes urbes; son las consecuencias de asegurar un mínimo de salida a cada territorio. Las provincias pequeñas tienen más diputados de los que les corresponderían por población, mientras que las grandes se ven infrarrepresentadas. De hecho, la provincia cuya representación es proporcional a su población es Cádiz, que supone la frontera exacta entre el bloque de provincias sobrerrepresentadas y las infrarrepresentadas.

Es habitual justificar este diseño con el argumento de que es necesario proteger a las provincias menos pobladas para que no queden olvidadas frente a las grandes ciudades. Sin embargo, este razonamiento pasa por alto un detalle institucional muy importante: para representar a las provincias ya está la Cámara Alta. Nuestra Constitución define al Senado como la cámara de representación territorial, por lo que no tiene sentido distorsionar también el Congreso de los Diputados con criterios geográficos. El Congreso debería ser una cámara de representación puramente demográfica, donde el voto de cada ciudadano valga lo mismo sin importar su lugar de residencia.

Llegados a este punto, entramos en la segunda fase del reparto político. Es aquí donde por fin entra en juego la Ley D’Hondt, y donde cabe preguntarse qué responsabilidad real tiene en la falta de proporcionalidad de la que tanto se la acusa. La respuesta es que no tiene ninguna culpa. La Ley D’Hondt no tiene el poder de decidir si a Soria le tocan dos diputados o si a Madrid le tocan 37, pues eso ya ha quedado decidido de antemano. D'Hondt es una simple regla matemática que se limita a tomar el número de escaños que ya se le han asignado a una provincia y distribuirlos entre las candidaturas en función de los votos que han obtenido allí mismo.

Existen muchos otros sistemas para hacer este reparto político en la teoría, como el cociente Hare, la cuota Hagenbach-Bischoff, o la famosa fórmula de Sainte-Laguë, que algunos defienden porque beneficia deliberadamente a los partidos pequeños y medianos. Pero la realidad es implacable: en esta segunda fase la fórmula matemática que apliquemos es prácticamente indiferente.

Para demostrar que el problema es la provincia y no la Ley D’Hondt, sólo tenemos que mirar el laboratorio perfecto de nuestro sistema: las elecciones al Parlamento Europeo. En estos comicios, España funciona como una circunscripción única; es decir, eliminamos la primera fase al suprimir el reparto geográfico por provincias, de modo que todo el país vota de forma conjunta y los escaños se reparten en un solo bloque nacional de más de 60 diputados. A pesar de que en las elecciones europeas se utiliza exactamente la misma fórmula de la Ley D’Hondt para repartir los escaños entre los partidos, allí no hay distorsión. Al no haber barreras provinciales y repartirse un pastel tan grande, cualquier partido que supere el umbral mínimo para entrar al reparto a nivel nacional obtiene su escaño. Así, los votos de los ciudadanos valen exactamente lo mismo, vivan en Madrid, en Soria o en una aldea gallega. La Ley D’Hondt, aplicada sobre un tablero único, resulta ser muy justa y óptimamente proporcional.

Cuando analizamos de forma objetiva los datos y la métrica de cuántos votos cuesta un escaño, la conclusión está clara. Echarle la culpa a la Ley D'Hondt de la falta de representatividad es como culpar a la báscula de los desequilibrios de una mala dieta. La báscula se limita a registrar un peso final de forma objetiva; el origen de la distorsión reside en los ingredientes del menú electoral que nosotros mismos hemos diseñado de antemano. Si de verdad queremos un sistema electoral más proporcional, el debate no debe centrarse en desterrar al jurista belga Victor d'Hondt, sino en revisar si la división provincial de la Constitución de 1978 sigue siendo el tablero de juego adecuado para el Congreso del siglo XXI.