Memoria, verdad y justicia: 50 años de la última dictadura militar argentina

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que finalizó el 10 de diciembre de 1983. En tan solo 7 años (casi 8, para ser precisa), la Junta Militar desapareció a aproximadamente 30.000 personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos

En el año 1976, la Junta Militar de Argentina derrocó a la presidenta de turno e inició lo que se convertiría en 8 años de régimen dictatorial en el país. Al mando de los dictadores Jorge Rafael Videla (presidente de facto durante el régimen), Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, y bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”, el presunto objetivo era frenar cualquier intento de “revelación”, disciplinando a la sociedad e instalando un “nuevo orden” basado en valores conservadores.

Agosti, Videla y Massera (1977).

Bajo este pretexto, los oficiales se dedicaron a secuestrar y trasladar a los llamados Centros Clandestinos de Detención a toda persona que propagara ideas "contrarias a la civilización occidental y cristiana", o que pudiera ser considerada potencialmente “subversiva” (entre comillas porque realmente cualquier persona podía ser víctima por cualquier cosa). En lo que duró la dictadura, se construyeron más de 800 de estos centros a lo largo y a lo ancho de todo el país, en donde alrededor de 30.000 personas secuestradas y desaparecidas fueron torturadas y, en la mayoría de los casos, asesinadas por miembros de la milicia.

A los ya mencionados 30.000 desaparecidos, se le suman 23.683 jóvenes reclutados para luchar en la Guerra de Malvinas contra Inglaterra en 1982. De ellos, 649 fallecieron durante el conflicto, y se estima que otros 350 a 500 excombatientes cometieron suicidio. Pero esta historia es aún más extensa.

Uno de los mayores delitos perpetuados por los militares en esta época fue el robo de aproximadamente 500 bebés. Así como suena: muchas de las víctimas de desaparición, tortura y asesinato eran mujeres embarazadas que tuvieron que dar a luz a sus hijos en los mismos centros de detención. Estos niños y niñas eran apropiados por los militares, quienes los criaban como propios todas sus vidas, en la mayoría de los casos sin develarles su verdadera identidad.

Ante esto, se crearon las organizaciones Madres de Plaza de Mayo, y Abuelas de Plaza de Mayo: grupos de mujeres que durante y después de la dictadura se dedicaron (y se dedican) a protestar y buscar incansablemente a sus hijos y nietos, esperando que vuelvan a casa. Actualmente, gracias a su lucha y al soporte del Banco Nacional de Datos Genéticos, fueron encontrados y restituidas las identidades de 140 personas.

Abuelas de Plaza de Mayo, en foto de archivo.

Las pautas establecidas por Videla eran tan tajantes como en cualquier otra dictadura, utilizando la violencia estatal para combatir cualquier oposición política o social: se estableció un toque de queda muy estricto; la música estaba muy restringida, especialmente el rock, al igual que los libros, las películas y cualquier otra forma de expresión; tanto las reuniones públicas como la actividad de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles estaban prohibidas, entre tantos otros impedimentos. 

Para proyectar una imagen de “orden” y minimizar las denuncias internacionales por violación a los derechos humanos, Videla organizó eventos como el mundial de fútbol 1978, que se jugó en Argentina. Este, además de ser usado como una forma de legitimar su gobierno en el plano internacional, se usó como distracción: a unos metros del estadio se encontraba uno de los centros de detención más importantes, que ahora es el museo de memoria ESMA. Este museo está lleno de las caras e historias de personas que desaparecieron, intentando llamar a la memoria colectiva.

Sin embargo, al finalizar la dictadura, no todos los militares lograron salir impunes: a los pocos días de recuperar la democracia, el presidente electo Raúl Alfonsín sancionó un decreto en el cual se ordenó el juicio de nueve de los diez militares que integraron las Juntas que dirigieron el país en el golpe militar. El llamado Juicio a las Juntas inició el 22 de abril de 1985, finalizando el 5 de diciembre del mismo año con la condena de cinco de los militares acusados. Esto en gran medida fue gracias a el libro Nunca Más, el cual recoge el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, describiendo y denunciando las atrocidades perpetuadas durante el régimen. El mismo luego dio nombre a un movimiento reivindicativo, que busca conservar el recuerdo y concientizar sobre lo vivido para asegurarse que acontecimientos como este no vuelvan a suceder.

Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Videla moriría años después, en 2013, aún recluso en el penal donde cumplía su condena.

Por cosas como estas es que es necesario el lema de “memoria, verdad y justicia”, para que estos sucesos no se repitan “Nunca Más”.