El nuevo acuerdo para gobernar Extremadura y la «prioridad nacional»

En la tarde de ayer, los líderes regionales del PP y Vox anunciaron la firma de un acuerdo de gobierno «para cuatro años». Analizamos algunas medidas de este programa que pone fin a casi medio año de ejecutivo autonómico en funciones.

Los dirigentes regionales del Partido Popular y Vox, fotografiados antes de la convocatoria a los medios de ayer en Mérida. Fuente: El País

Cuatro meses después de las elecciones del 21 de diciembre, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar Extremadura. Las negociaciones han sido largas y accidentadas, con intervenciones de las direcciones nacionales de por medio y varios amagos de ruptura de las conversaciones. Pero el resultado ya está aquí: un acuerdo de 74 medidas, con plazos de cumplimiento y presencia de Vox en el Consejo de gobierno.

María Guardiola consigue desbloquear la situación creada por su decisión de disolver anticipadamente la Asamblea en octubre del año pasado y será investida nuevamente presidenta de la Junta de Extremadura la semana que viene. Sus reticencias a pactar con Vox parecen haber quedado definitivamente en el pasado: su segundo gobierno contará con una mayor representación del partido de derecha populista y con una agenda claramente marcada por sus posiciones más controvertidas en cuanto a inmigración y familia. Veamos los compromisos que marcarán la XII legislatura extremeña.

La presencia de Vox en el ejecutivo

Preguntado por los periodistas, el líder de Vox en la región, Óscar Fernández Calle confirmó ayer que él mismo asumiría la vicepresidencia del nuevo ejecutivo, además de la nueva Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Vox también recibe la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, siendo una incógnita aún el nombre de la persona que asumirá su dirección. En cualquier caso, ven reforzado su peso en el reparto de carteras, y se reservan el control de materias clave en su discurso político.

Economía, vivienda y política fiscal

El acuerdo incluye el compromiso de reducir progresivamente el tramo autonómico del IRPF junto con una serie de tasas autonómicas. También se especifica que se realizarán auditorías para eliminar gasto que se considere superfluo y se reducirán a la mitad las subvenciones a sindicatos, patronales y otras entidades privadas sin utilidad pública.

En cuanto a la central nuclear de Almaraz, se comprometen a eliminar la ecotasa energética antes del 1 de enero de 2027, lo que favorecerá a las grandes empresas energéticas que explotan la central. No se especifica ninguna medida para lograr la transición a un nuevo modelo económico en la comarca del Campo Arañuelo en caso de que la central deba cerrar finalmente, como ha ordenado el Gobierno central.

En materia de vivienda, se recoge la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas. Aquí aparece el controvertido término que Vox ha logrado introducir por primera vez: la denominada «prioridad nacional» en el acceso a estas viviendas. Este requisito se repite en otros puntos del acuerdo al tratar el acceso a otras ayudas sociales e incluso servicios públicos. Si bien se especifica que el sistema de acceso se regulará de acuerdo a la legalidad vigente, también se dice que se instará la reforma de la Ley de Extranjería y otras disposiciones que dificulten esta discriminación por razón de origen.

Y es que el artículo 23.1.c) de la citada Ley define como actos discriminatorios «Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, (...), al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad». Parece sugerir que este acuerdo se firma con la perspectiva de que el Partido Popular y Vox consigan hacerse con el Gobierno de la nación durante el tiempo que permanezca vigente: compromisos como este irán perfilando a lo largo de este año el programa para el gobierno de coalición que pueda surgir de las elecciones generales de 2027.

Sector primario y medio natural

Vox logra arrastrar al PP a rechazar la Agenda 2030 y el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, cuestiones en las que difícilmente puede entenderse que la comunidad autónoma tenga alguna competencia.

Se recoge también una batería de reformas de leyes autonómicas para simplificar trámites administrativos y la creación de una Dirección General de Regadíos. El objetivo más urgente de este nuevo organismo será ejecutar el proyecto del regadío de Tierra de Barros, al que se considera una infraestructura estratégica.

Sanidad y educación

Se incluyen promesas de grandes inversiones adicionales en los servicios públicos básicos, lo que contrasta con la política de recortes fiscales proclamada anteriormente. En educación incluso se promete la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, al tiempo que se incluye el compromiso de homologar los salarios de los docentes a la media nacional y la equiparación salarial del personal sanitario. También se comprometen los firmantes a contratar 1.500 profesionales sanitarios, realizar un plan de choque contra las listas de espera y fomentar la colaboración público-privada en la prestación de este servicio.

Inmigración, seguridad e identidad

De nuevo se deja ver la influencia de Vox en este punto, pues se cierra la puerta a la recepción de menores no acompañados, se muestra la determinación a reducir la inversión en centros de acogida al mínimo legal y se afirma que se endurecerá el régimen disciplinario en su interior.

También aparece la intención de prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos en los que tenga competencia la Junta, en una región en la que apenas hay inmigración procedente de países en los que se impongan estas prendas.

Por último, cabe destacar las medidas contra la okupación y la creación de una unidad contra el fraude en las prestaciones sociales. De nuevo, no queda claro qué puede hacer una administración autonómica para garantizar los «desalojos exprés»; se afirma, por ejemplo, que se exigirá al Gobierno la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para reforzar la seguridad jurídica del padrón municipal. La nueva unidad contra el fraude prestacional tendrá funciones para realizar inspecciones y comprobar la residencia efectiva de las personas que accedan a ayudas públicas.

María Guardiola, Abel Bautista y Óscar Fernández en la comparecencia de ayer ante los medios. Fuente: Diario Hoy

Conclusión

El acuerdo de gobierno es, sin duda, ambicioso. No escatima en la enumeración de medidas, que en ocasiones generan dudas sobre su viabilidad, legalidad o simplemente  sobre la competencia que se tiene para llevarlas a cabo. Es evidente que, por lo pronto, sirve de justificación a Vox para regresar a un ejecutivo autonómico casi dos años después de que los abandonaran en bloque por la cuestión migratoria. El partido de Abascal logra demostrar una posición de fuerza en las negociaciones, al forzar al PP a avenirse a incluir puntos esenciales de su programa electoral en la agenda del nuevo gobierno.

También se marca la pauta a seguir para los acuerdos que se firmen en los siguientes meses en Aragón, Castilla y León y quién sabe si Andalucía o incluso el Gobierno nacional. Queda por ver cómo se ejecutan los puntos del acuerdo, si se cumplen los estrictos plazos fijados y, sobre todo, si logran convencer de que este nuevo gobierno vaya a ser bueno para Extremadura. En una región gobernada históricamente por la izquierda, con una oposición ya reorganizada, María Guardiola deberá hacer funcionar esta coalición que ya fracasó hace dos años.