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Cuando la lucha política se impone al bienestar ciudadano

La fragmentación, la falta de mayorías claras y la utilización partidistas de los servicios públicos causantes del malestar estatal

Actualmente, la política regional española se ha convertido en uno de los temas más candentes del panorama político. La estabilidad en cada territorio es cada vez menor, las mayorías claras prácticamente han desaparecido, siendo necesario recurrir a realizar diferentes pactos entre fuerzas que pueden no compartir intereses ni prioridades. Esta situación genera una fragmentación interna dentro de los gobiernos que dificulta su funcionamiento.

Esto no solamente implica la necesidad de realizar numerosos acuerdos que pueden resultar un tanto complicados, sino que también ralentiza todo tipo de decisión, relegando al ciudadano a un segundo plano y despersonalizando la acción política. Uno de los ejemplos más claros son los presupuestos públicos, cada ideología tiende a dar mayor prioridad a diferentes ámbitos, olvidando en ocasiones lo verdaderamente importante, el bienestar de la ciudadanía.

En este contexto emerge el auge de Vox, un partido político que se posiciona en contra de los valores normativos consolidados en ámbitos como la igualdad de género o las políticas migratorias, mostrando su desacuerdo ante cualquier medida orientada a la mejora social. Esta situación conlleva a mayores tensiones, especialmente al convertirse Vox en una fuerza determinante en la mayoría de los territorios.

Ahora bien, ¿cuál sería la razón de su crecimiento tan veloz? Según el politólogo Pablo Simón este auge no es ninguna sorpresa, ya que Vox está recogiendo el voto protesta antibipartidista. Aunque es cierto que la mayoría de votos provienen del Partido Popular, también destaca la abstención que aunque a menudo se minimiza, refleja un profundo descontento por parte de la ciudadanía. Además, Vox ha sabido aprovechar los últimos escándalos de corrupción para situar al mismo nivel al PP y al PSOE, favoreciendo así su crecimiento. En la mayoría de los territorios donde Vox obtiene buenos resultados, gobierna junto al PP, que suele proyectar una imagen menos radical; sin embargo, al compartir responsabilidades con un partido más extremista, esa influencia acaba reflejándose en las decisiones adoptadas.

Las elecciones autonómicas han perdido ese carácter meramente territorial, sino ya se ha transformado en reflejos y mensajes directos de la situación de la política nacional, como si se tratasen de ensayos de las futuras elecciones generales. La ciudadanía utiliza las elecciones territoriales para premiar o castigar al Gobierno central, a pesar de que cada comunidad autónoma cuenta con un funcionamiento propio y toma decisiones de manera independiente, al tratarse de un Estado descentralizado con un autogobierno regional. De este modo, las elecciones autonómicas se convierten en un examen directo para el presidente del Gobierno y un refuerzo de la idea de que cualquier derrota territorial desestabiliza la política central.

Este escenario se percibe como una auténtica batalla electoral, donde la gestión de los servicios públicos ocupa el frente principal. Ámbitos como la sanidad, educación, vivienda y servicios sociales protagonizan el debate político, ya que afectan de manera directa a la vida cotidiana de la ciudadanía. Se trata de aspectos básicos que no deberían de ser tratados como armas arrojadizas a la oposición, sino deberían ser protegidos y gestionados con responsabilidad, al estar vinculados directamente con el bienestar público.

Los gobiernos regionales que se encuentran en la oposición aprovechan para culpar de manera directa al Gobierno Central, aun cuando las competencias son claramente competencias autonómicas. Esto genera confusión entre los votantes y fomenta un enfrentamiento constante entre las diferentes administraciones que en lugar de trabajar de manera conjunta, solamente erosionan la confianza institucional.

Un ejemplo reciente de inoperancia autonómica que también sería un reflejo de los enfrentamientos entre las instituciones son los casos de afectadas por los cribados de cáncer de mama. Muchas mujeres pasaron de tener mamografías “sin hallazgos” a pasar al cáncer metastásico. Pedro Sánchez ha acusado al PP de derivar la sanidad pública a la sanidad privada, sin embargo, el PP se defiende asegurando que habían aumentado las inversiones un 45% en la sanidad pública. Nada más alejado de la realidad, ya que no solamente fue un fallo, sino un colapso que afecta a más de 2000 mujeres, una cifra que sigue aumentando. Se trata de una situación que juega directamente con la vida de las personas, ya que muchas de ellas han fallecido dejando a familias desoladas sin recibir el tratamiento adecuado o cuando ya era demasiado tarde sin para revertir la situación.

Como este existen numerosos casos que afectan a los servicios públicos y alimentan la confrontación entre instituciones, cuando se debería priorizar al ser humano y garantizar el acceso universal a los recursos básicos de supervivencia. Estos enfrentamientos no solo generan un desgaste en los partidos sino también en la ciudadanía, que percibe que según el partido que gobierne habrá mayor o menor disponibilidad de recursos. Esto genera una sensación de bienestar provisional y una constante incertidumbre ante cada cambio de gobierno.

En definitiva, los recursos básicos deberían de mantenerse al margen de la lucha partidista y no utilizarse como herramientas para atacar a la oposición, ya que están directamente relacionados con la subsistencia humana. También es fundamental comprender la diferenciación entre el funcionamiento del Gobierno General y el de las comunidades autónomas, que cuentan con competencias propias y un margen de decisión dentro de un marco legal general. Evitar caer en la polarización y seguir el voto según aquellos programas que se ajusten a los valores personales, siempre y cuando no se atente contra la libertad de otra persona. Una administración coordinada y unida conduce a una mejor gestión y un mayor bienestar colectivo.

Bandera de España. Fuente: El mundo financiero
Bandera de España. Fuente: El mundo financiero


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