Estados Unidos: Yo decido lo que es moral

A Donald Trump no le basta con empezar guerras unilateralmente o imponer aranceles, sino que ahora también pretende entrar en las habitaciones de los hospitales para decidir quién tiene derecho a morir. El fallecimiento de Noelia Castillo ha sido el pretexto para que Estados Unidos se vuelva a inmiscuir en la soberanía de otro Estado

A sus veinticinco años, Noelia Castillo tenía paraplejia irreversible y un deseo firme de morir con dignidad. El 26 de marzo, ese deseo se hizo realidad tras una batalla legal en la que cinco tribunales, incluido el Supremo, le dieron la razón. Su caso trascendió lo médico para convertirse en un campo de batalla ideológico, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Noelia Castillo. Fuente: Antena 3

En España, su padre, respaldado por la fundación Abogados Cristianos, sostuvo que la juventud de su hija era razón suficiente para que el Estado le negara la soberanía sobre su propio cuerpo. La narrativa de que una mujer de 25 años es “demasiado joven para decidir” fue suficiente para que la administración Trump, siempre atenta a cualquier oportunidad para proyectar el poder moral de Estados Unidos, elevara el caso a una cuestión de escrutinio internacional a través del New York Post.

Cuando un gobierno extranjero exige explicaciones sobre un procedimiento médico totalmente legal en otro país soberano, se deja de hablar de medicina y trasciende al ámbito de la necropolítica. Este término define el ejercicio del poder de un Estado para determinar las condiciones de vida y los límites de la muerte. No se trata solo de gestionar la salud pública, sino de la capacidad de cada país de decidir quién tiene derecho a morir y en qué condiciones.

El caso de Noelia Castillo es un ejemplo claro: mientras que España sí le concedió el derecho, Estados Unidos intentó revocarlo. Además, resulta, cuanto menos, paradójico que la administración Trump muestre tal preocupación por preservar la vida, cuando en su propio territorio mantiene la pena de muerte en veintisiete de sus estados. Esta contradicción evidencia que el interés de Washington no es humanitario, sino ideológico: EEUU no protege la vida; simplemente quiere decidir qué muertes son aceptables.

Mapa con los veintisiete estados (en verde) donde es legal la pena de muerte. Fuente: Newtral

La respuesta de España ha sido clara: la ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido a Trump que deje de "meter sus narices" en asuntos internos y que se centre en mejorar su sistema sanitario. Y es que, al otro lado del Atlántico, la salud no es un derecho humano, sino un producto de mercado. Mientras su gobierno interfiere en procesos médicos extranjeros, solo quienes poseen una tarjeta de crédito pueden acceder a cuidados paliativos de calidad.

La intromisión de Donald Trump en el caso de Noelia Castillo no es un acto de compasión, sino una estrategia de expansión ideológica. Al exportar su agenda moral, busca recordar al mundo que aún pretende tener la última palabra sobre los valores globales, incluso por encima de las leyes de un Estado soberano. La misma estructura que ignora los derechos humanos en sus propias fronteras y que ejecuta ciudadanos en sus prisiones, activa toda su maquinaria mediática y diplomática para mantener viva a una mujer a miles de kilómetros de distancia.